Esto es un jipi

En mi cosmovisión, todo el asunto UADE se explica, se entiende y se resuelve con el curso de instrucción policial sobre el hippismo de Capusotto. Se escribe hippie y se pronuncia jipi. El jipi es puto. Se baña en el río en pelotas. Fin. No me hace falta nada más. Pero como comprendo que para muchos la referencia puede resultar insuficiente, les voy a contar un par de historias.

Otro día podemos tener una discusión sobre libertad, paternalismo y perfeccionismo en un Estado constitucional de derecho. Qué se puede regular, qué no, si es lo mismo ir a la UADE en pelotas que en pollera, si es relevante o no que se trate de una entidad privada, derecho de admisión, propiedad, discriminación, categorías sospechosas, todo el combo. Es más, estoy pensando en que nos juntemos a hablar de esto. Una especie de master class que no se llame master class. La Justa Live, no sé, algo así. Si les interesa me chiflan.

But not today, mis amigos. Porque today vamos a ir a los factos. Tengo demasiado para contarles y no quiero perderme en discusiones jurídicas o morales. Me encantan, ya saben. Pero otro día. Hoy quiero hacer periodismo. Datos, no Piñón. Quiero contarles lo que sé, lo que me contaron, lo que vi y lo que investigué. Ya verán ustedes si les gusta la libertad de verdad o si dicen que les gusta la libertad pero lo que en realidad les gusta es decirles a personas adultas cómo vivir sus vidas privadas.

Verán ustedes si les gusta la libertad o si dicen que les gusta mientras racionalizan, minimizan o directamente celebran que tres hombres de la empresa de seguridad de una universidad marquen, acorralen, hostiguen, sexualicen, impidan ir a clase y sancionen a una piba de 25 años por ir a estudiar con una falda por encima de la rodilla.

Verán ustedes si les gusta la libertad o si dicen que les gusta pero admitirían que una casa de estudios prohíba los centros de estudiantes, prohíba los delegados gremiales, ponga al personal de seguridad a pasearse por las aulas controlando que los docentes no den clases sentados en los escritorios, que nadie tome mate o circule por los pasillos en horario de clase, o que transforme la sala de profesores en un Gran Hermano donde a los docentes les sacan fotos si tienen tatuajes, se tiñen el pelo de colores no “naturales” (sic) o se pintan los labios de rojo.

Sofía

No es su verdadero nombre. No voy a usar ningún nombre real. Todas las fuentes con las que hablé, docentes y estudiantes, temen sufrir represalias. Y no es para menos. Cuando en 2024 un grupo de alumnos formó un incipiente centro de estudiantes, juntó 1000 firmas en una nota con reclamos y se sumó a la marcha federal universitaria del 23 de abril, hubo consecuencias. Los hostigaron, los amedrentaron y amenazaron con sancionarlos. Algunos incluso se cambiaron de universidad. A una estudiante de derecho que osó invocar la Constitución Nacional un guardia de seguridad le contestó “acá no rige la Constitución Nacional”.

Sofía tiene 25 años y está en el último año de la carrera. Se mata trabajando para pagarse los estudios desde hace cuatro años. Tiene casi ocho de promedio. Cuando me llama para contarme lo que le pasó empieza a explicarme cosas sobre su cuerpo. Le digo que no tiene nada que explicar, que no tiene que justificar por qué usa pollera en vez de pantalón. Me manda fotos de cómo estaba vestida cuando la frenó la “policía académica”, como muchos llaman al personal de la empresa de seguridad “Green Armor” que, desde hace algunos meses (según informó la propia firma a este medio), presta servicio en la UADE.

Me explica. No lo voy a reproducir. Una piba no tiene por qué contarle a nadie qué parte de su cuerpo la incomoda cuando se pone un jean. Tampoco voy a decirles cuál era el exacto largo de su falda. ¿Arriba de la rodilla? Sí, ¿por qué? ¿Es ilegal? Sigo. Ese día, Sofía se viste como siempre. Hace cuatro años que va a la UADE. Hace cuatro años que usa polleras y vestidos por arriba de la rodilla. En invierno con medias largas. Bucito y zapas blancas. Pero cuando llega, la aborda el Green Armor de la entrada. Se suman dos más. Todos tipos. A una piba de 25 años.

Le dicen que los acompañe, la corren a un costado, la miran de arriba abajo mientras hablan entre ellos. Le indican que no puede andar con esa pollera y que le van a tener que recordar el código de vestimenta. Le piden su número de legajo. No se los da. Les ruega, llorando, angustiada, que llamen a alguna autoridad de la universidad. El que lleva la voz de mando le contesta “yo soy una autoridad de la universidad”. De nuevo, estamos hablando de personal de la empresa Green Armor, en la que la UADE tercerizó el servicio de seguridad que, se supone, está ahí para resguardar a la comunidad educativa, lo que obviamente incluye a Sofía.

La piba les dice que la dejen ir a clase, que está llegando tarde y que no puede faltar, que viene a la universidad a estudiar. No la dejan ir. La escoltan a una oficina de alumnos en donde la recibe otro varón. Sofía pide por una mujer. Traen a una señora de nombre Andrea. El poli que viene manejando la situación no se va. “No me dieron un espacio para poder hablar con tranquilidad”, me cuenta Sofía. Andrea también la hostiga. Sofía sigue llorando y reclamando que la dejen ir a clase. El poli sigue mirándole las piernas. “No te podemos dejar ir así a clase; vas a poner incómodo al profesor y te va a tener que retar”, le dice Andrea. Al final les da su número de legajo y la dejan ir. No sabe si la van a sancionar o no. “No vengas más con esa pollera”, le advierte la mujer.

En el recreo se le acercan otras dos guardias de Green Armor mirándole la pollera. “Me venían a hostigar y les dije que ya me habían explicado el código de vestimenta. En el comedor había tipos de seguridad handeándose y mirando la ropa de las pibas. Me fui a mi casa a ponerme un jean. Me sentí vulnerada, observada y no quería que me siguieran mirando”. Todo esto me cuenta Sofía.

Llamo mil veces a la UADE, pero nadie me explica nada. Me dan el teléfono y el mail de un encargado de prensa. Le escribo y lo llamo. No me contesta. Consigo el teléfono de la Vicerrectora Silvina Thernes. Nada. En Green Armor sí me contestan. Hablo con Cecilia Landriscina, Gerenta de Recursos Humanos, y con Federico Ortelli, Director de Comunicación y Marketing. El año pasado la marca anunció su acompañamiento publicitario a Franco Colapinto.

Otra marca que se sumó al F1 de Colapinto, del mismo grupo económico, fue “GMC Valores”, que entre el 23 de junio y el 7 de octubre pasado, es decir, en tres meses, puso $157.500.000 millones de pesos para la campaña de LLA, conforme surge de información oficial de la Cámara Nacional Electoral. La cabeza del grupo es Ignacio José María Sáenz Valiente, conocido como el “señor verde” porque la mayoría de sus empresas (no menos de 15) utiliza la palabra “green”. Sáenz Valiente es director titular del Grupo Clarín (Cablevisión Holding S.A.). Su empresa “Green Salud” estuvo involucrada en una causa por la compra de barbijos con supuestos sobreprecios por parte del GCBA de Horacio Rodríguez Larreta durante la pandemia, que terminó archivada en 2022.

Ortelli me explica que la empresa es proveedora de la UADE desde hace unos meses, que prestan servicios de seguridad, que conocen el código de vestimenta por redes sociales y que “el servicio responde a decisiones de la UADE”. Landriscina agrega que “Green Armor es una empresa transparente” y que están siempre abiertos a dar explicaciones. “No nos gustan las cosas irregulares”, cierra. Mientras tanto, Sofía se pregunta si hizo algo mal, si tendrá que dejar de usar vestidos cuando llegue el calor de diciembre, de dónde sacará la plata para comprarse tres jeans y cómo hará para sentirse ella en esa ropa, cómo se verá su cuerpo, cómo la observarán los demás, a ella que usa faldas, justamente, para no llamar la atención.

La policía académica

Hay muchos casos similares al de Sofía. A una piba la hostigaron por usar un remerón oversize. “No podía concentrarme en clase. Estuve una hora y media llorando hasta que decidí volverme a mi casa. Mañana tengo que ir a apelar la sanción con el director de la carrera. Siento incomodidad por toda la situación”. A otra la persiguieron por mostrar dos centímetros de panza. A las “pechugonas”, como me dijo una alumna, las paran de una. La aplicación de la norma está claramente sesgada por género, pero también marcan a varones. A uno le hicieron sacar la gorrita. A otro no lo dejaron entrar porque tenía una remera negra con un estampado de una banda.

El código que circuló en redes está vigente desde hace varios años, pero todas las fuentes consultadas coinciden en que jamás se aplicó y mucho menos del modo policíaco en que denuncian que se está ejecutando desde hace una semana. Además, la normativa cambió. Los primeros días de octubre, la universidad comenzó a aplicar un código nuevo y más estricto que no comunicó. Lo subieron directamente al portal sin previo aviso, denuncian los alumnos, pero luego de que ya lo habían empezado a ejecutar.

Según las fuentes, la vestimenta también es motivo de hostigamiento de la UADE y los muchachos de Green Armor a los docentes. La norma es similar a la nueva que rige para los alumnos, pero agrega otras perlitas sobre tatuajes, piercings y color de uñas. En mayo les mandaron un mail con el nuevo código, que incluye cosas como:

• evitar tatuajes visibles

• mantener cabello cuidado y en tonos naturales

• no se permiten piercings visibles

• el maquillaje debe ser discreto

• uñas en tonos clásicos

• abrigos y sacos en tonos neutros

• faldas y vestidos mínimo hasta la altura de la rodilla

• zapatillas formales (no deportivas)

• en las instalaciones deportivas se pueden utilizar calzas sólo con short arriba

• evitar prendas con diseños llamativos

Andá a saber qué quiere decir “tonos naturales”, “tonos clásicos”, “tonos neutros” y “diseños llamativos”. ¿Llamativos para quién? ¿Naturales según quién? ¿Las uñas rojas son clásicas? ¿Y las french? Las french blancas seguramente sí, pero ¿las verde agua también o esas no? ¿Un blazer rojo es neutro? En fin. La arbitrariedad, la falta de razonabilidad medio-fines y el autoritarismo que subyacen a estas regulaciones son para mí, de nuevo, evidentes. Esto es un jipi.

Pero la aplicación de estas normas, según denuncian los docentes, parece directamente salida de una distopía totalitaria à la 1984 o, más acá, The Handmaid’s Tale. La UADE, dicen, puso personal de bedelía a controlar docentes. Los observan en sala de profesores, los persiguen, los sancionan y hasta les sacan fotos de cómo van vestidos o de su color de pelo. Luego reciben reclamos y apercibimientos de RR.HH. También los sancionan si no persiguen ellos a sus propios alumnos. ¿De dónde me suena esto?

A los bedeles de docentes se sumaron recientemente los guardias de Green Armor, que a partir del segundo cuatrimestre fueron asumiendo cada vez mayor poder y que, según refieren en consonancia con los estudiantes, se mueven como los capangas del lugar. La semana pasada, uno de estos polis interrumpió la clase de una docente de edad avanzada para decirle, adelante de sus alumnos, que se tenía que parar porque está prohibido dar clases sentada. Otra fuente me contó que “en la sala de profesores hay una pantalla donde se ‘escracha’ a los docentes que no marcan a tiempo. Además, el personal de seguridad hace varias rondas por turno en las aulas. Si el profesor está apoyado o semi-sentado en el escritorio es sancionado. Han convertido el ámbito educativo en un ámbito penitenciario”.

La culpa es de TikTok

Profesores y estudiantes coinciden en que la universidad entró en una cruzada equivocada y peligrosa para revertir su imagen de bajo nivel académico desde que se viralizaron algunos tiktoks y la frase “el que sabe, sabe; el que no, a la UADE”. Eso explicaría, refieren, no sólo el clima de hostigamiento para aparentar seriedad, profesionalismo y solemnidad, sino también la increíble práctica de obligar a los docentes a reprobar a un porcentaje preestablecido de estudiantes.

La Justa tuvo acceso a mails internos de directores de distintos departamentos en los que abiertamente se indica a los profesores que deben reprobar a al menos el 10% de los alumnos y se les exigen explicaciones cuando no lo hacen. Si más del 90% de los estudiantes aprueba o si más del 50% tiene buenas notas, se les exige explícitamente no subir los resultados al portal y comunicarse con el director del departamento para “revertir” (sic) la situación. A un profesor le informan que “el parcial tuvo una tasa de aprobación demasiado elevada” y le advierten “esperamos que esto se revierta en el segundo parcial”. Otros docentes dicen que les exigen desaprobar al 20% y hasta al 30% de la clase.

No importa la realidad. No importa si el docente es bueno o malo, si sabe o no sabe, si los estudiantes aprenden o no. Lo que importa es el color de pelo y uñas, los tatuajes y piercings, que nadie tome mate y que parezca que los exámenes son difíciles aunque eso implique desaprobar arbitrariamente a un grupo de alumnos en todos los parciales. Dicen que buscan calidad académica, pero entre la política salarial, las arbitrariedades y el hostigamiento creciente, están logrando exactamente lo contrario. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, los alumnos denuncian que los mejores profesores se fueron y que los reemplazaron con pibes recién recibidos.

“Martín” es un estudiante de 26 años. Me parte el corazón porque ama a su universidad. No quiere hacer quilombo. Trabaja para pagarse la carrera y le quedan unos meses para graduarse. Lo que quiere es recibir una educación de calidad y que lo dejen estudiar en paz. Me explica que “lejos del imaginario colectivo, esta universidad desde su concepción fue pensada para la clase media, para profesionalizar a los trabajadores de las empresas. Por eso el valor reducido de los aranceles. Las medidas que vienen adoptando terminan diluyendo esa concepción. Yo quiero mucho a mi universidad e intento lograr una mejora justamente por eso”.

Cuando le pregunto por qué cree que está pasando esto, Martín refiere que “todas estas payasadas arrancaron en 2023 producto de una epidemia de tiktoks de gente subiendo resultados de exámenes que hacían ver ‘fácil’ a la universidad, pero se excedieron y ahora estudiamos en un lugar que parece un penal. Son como una especie de niño con ínfulas de Gran Hermano que quiere controlar todo y al final no logra controlar nada”.

Creo que Martín tiene razón. Los alumnos se están organizando de nuevo. Ya hay un grupo con más de 1000 integrantes juntando firmas para “proponer sugerencias formales sobre las últimas medidas implementadas”. Esperemos que alguien sepa escuchar. Nadie puede aprender ni enseñar en semejante clima de hostilidad. Y creer que la calidad educativa va a mejorar con aplazos arbitrarios y gente disfrazada de seria revela una ignorancia supina. Como dijo uno por ahí, “todos los problemas son problemas de educación”.